La culpa no es del cerdo

Llegué a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro tanto por azar como por decisión, sin mayor expectativa que la de un trabajo digno, estable y justamente remunerado. Toqué la puerta sin conocer a nadie, sin contacto previo y sin referencias.

Una de las cosas que llamaron inmediatamente mi atención al postular fueron las redes sociales y el sitio web institucionales. Entrevistas casi diarias con el presidente, fotografías de “el defensor del pueblo” con niñas, niños y víctimas, al más empalagoso estilo de beneficencia pública. La exhibición minuciosa de su asistencia a conferencias, reuniones y eventos con otras figuras públicas, pero escasa -por no decir nula- difusión de noticias, materiales de análisis, diagnósticos, manuales u otras herramientas de interés público, tampoco material didáctico para  facilitar a la ciudadanía la comprensión de sus derechos; mucho menos detalles -más allá de la foto- sobre el contenido de las innumerables reuniones anunciadas o información sobre el seguimiento a recomendaciones. Todo sobre la agenda diaria y la opinión del titular, casi nada sobre el resto del trabajo y de los trabajadores. Ni qué decir del incipiente apartado de transparencia.  Daba más la apariencia de ser la página de algún candidato previo a elecciones que de un sitio para la promoción institucional de los derechos humanos.

Proveniente de organismos con altos estándares de calidad y congruencia, ciertamente la manera en que se proyectaba la Defensoría en el mundo virtual levantó en mí la sospecha de, por lo menos, una simulación. No sin dificultad vencí mi prejuicio, después de todo podía tratarse simplemente de una pésima estrategia de comunicación y de una importante falta de capacitación del personal del área. Me incliné, pues, por el beneficio de la duda.

En la primera y única entrevista con el titular para ingresar, descubrí una persona en definitiva conocedora de la teoría y marcos normativos de los derechos humanos, un espíritu combativo que –en ese entonces pensé-  quizá estaba haciendo falta en organismos públicos que eran formalmente autónomos pero en la práctica estában sometidos a los poderes en turno. Si insistía una y otra vez en hablar de sí mismo, de sus logros y de sus aspiraciones, en ponerme al día sobre todas sus entrevistas y de todos sus informes especiales (que después descubrí era más mérito de su personal que suyo) quizá tenía más que ver con un dejo de egocentrismo que con una mala función pública. Hablaba decididamente y sin tapujos de las deficiencias de las instituciones gubernamentales queretanas, y  eso -como defensor de derechos- me pareció afortunado tras una larga tradición de ombudsmans a modo.

Mi suspicacia se disipó y un primero de mes me presenté a laborar formalmente en la Defensoría. Se me asignaron casos, se me entregaron expedientes, se me instaló en una oficina y se me indujo progresivamente a los procesos internos. A pesar de la incertidumbre jurídica que provocaba para todos los trabajadores no contar con un reglamento interior y el riesgo de aplicar a discreción la entonces Ley Estatal de Derechos Humanos (que el titular había decidido impugnar, ignorando deliberadamente que mientras no se decidiera sobre su constitucionalidad ésta tenía que seguirse aplicando); a pesar de los repentinos cambios de horario, de las guardias presenciales o telefónicas de veinticuatro horas y fines de semana sin remuneración acorde con la Ley del Trabajo, me sentí afortunado. Mis días en la Defensoría, debo admitir, estuvieron rodeados por un equipo de área sonriente y solidario que hacía amenas las intensas jornadas de atención a víctimas, labor que nunca es fácil. Mi trato con el titular fue siempre cordial, sin ningún problema. No tardé mucho en darme cuenta de que en realidad se trataba de un hombre muy solo, profundamente solo.

A los pocos días de mi llegada empecé a percatarme de las historias que corrían por los pasillos. Según relataban yo había llegado en un momento de bonanza, pues había habido una época en la que tenían jornadas de entre diez y doce horas sin descanso en centros penitenciarios cada fin de semana (sin pago de horas extras ni prima dominical). Decían que la exigencia era tal que muchos “habían desfilado” por la institución (lo que quería decir que tan rápido como habían llegado se habían ido), embarazadas habían sido despedidas y otros trabajadores tenían prescripciones médicas por estrés laboral. Contaban que a las solicitudes relacionadas con las condiciones laborales el titular había respondido que “los derechos humanos estaban de la puerta para afuera”. Se decía que tenía problemas para dormir y por eso enviaba mensajes de trabajo de madrugada. También escuché la historia de unos trabajadores “malagradecidos”, en su mayoría mujeres, que hacían acusaciones falsas sobre el trato que habían recibido, una de ellas incluso estaba acusada penalmente por robo de un vehículo oficial.

Se decía que aparecía en la nómina gente, aviadores para decirlo claro, que nunca se presentaba en la oficina y cuyas funciones se desconocían, que el presidente había contratado a una periodista y a una locutora para promover su imagen pública desde la unidad de Comunicación Institucional, que se pagaba a dos medios de comunicación locales para publicar notas positivas sobre la institución, que dos de los empleados que asistían a la oficinas pero cuyo CV y funciones no correspondían a ningún área del organigrama, y mucho menos a sus salarios, le estaban ayudando a crear un partido político a través de una asociación civil, que había justificado miles de pesos con facturas de una supuesta remodelación a las instalaciones que nunca se hizo y que con frecuencia facturaba viáticos de hasta 10,000  pesos en visitas de un solo día a la ciudad de México.

Me parecía extraño que siendo todo tan relativamente fácil de comprobar ningún medio de comunicación se hubiera metido a investigar a fondo; había apenas unas cuantas notas sobre irregularidades detectadas por la Entidad Superior de Fiscalización y sobre denuncias de algunos ex trabajadores. Más tarde pude constatar la veracidad de la mayor parte de los dichos (exceptuando solamente lo del insomnio); pero en aquel entonces, para mí, todos eran rumores sin prueba y sin rostro. Lo único que me constaba eran el sistema de vigilancia de los empleados mediante cámaras de video que efectivamente tenía  instaladas en las oficinas y que eran monitoreadas permanentemente desde una enorme pantalla en su oficina y desde una aplicación móvil en su celular. Me constaba también la presión que se estaba ejerciendo sobre un grupo de trabajadores a quienes en ese momento estaban solicitando sus renuncias “voluntarias” sin liquidaciones, y que los salarios discrecionales se asignaban por afinidad o compromiso con el titular más que por preparación académica o por funciones. Frecuentemente mis colegas hablaban de cómo cada uno habían ido negociado sus aumentos de sueldo, aunque a varios les correspondían las mismas tareas y cargas de trabajo.

Pero fue hasta el día en que  una llamada hecha del titular de la Defensoría al titular de otro organismo de gobierno dejó impune la conducta indebida y previamente acreditada de un funcionario público, dejando indefensa a una menor de edad en peligro, que me di cuenta de que las cosas no iban por buen camino. Poco después vinieron las reuniones en domingo en las que lejos de tratarse algún asunto relevante, estratégico o urgente de trabajo se nos hacía escuchar cómo iban sus amparos y sus solicitudes ante las diferentes instancias judiciales.

El primer domingo escuchamos durante cerca de tres horas al “defensor del pueblo” congratularse porque iba a vencer a la legislatura, al gobierno del estado y a los jueces federales que emitieron una decisión judicial que le desfavorecía, porque todos decían que su proceso de elección había tenido irregularidades y tenía que repetirse la contienda (por cierto que en el proceso de selección en efecto sí habían habido irregularidades, además de que los amparos y demás escritos –incluidas las promociones penales en contra de ex trabajadores -que nada tenían que ver con la defensa del pueblo queretano-, los gestionaba un equipo de abogadas pagadas con presupuesto de la Defensoría)

El siguiente fin de semana, los compañeros que se habían preparado durante días para presentarnos su proyecto de recomendación sobre un caso de urgencia, tuvieron que sentarse a escuchar nuevamente el  monólogo sobre como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no era tan efectiva porque le estaba dando largas a sus múltiples solicitudes (que por supuesto equiparaba en importancia y relevancia a las no pocas denuncias de desaparición y tortura en el continente). Todos nos aprendimos de memoria – a fuerza de repetición – su pasado en la Procuraduría General de la República y su compromiso con una “causa” que a nadie nos quedaba muy clara pero que era lo suficientemente importante como para  que hablase con sus dos hijas pequeñas con poca frecuencia, únicamente por Skype y se enorgulleciera explícitamente de ello.

Progresivamente las reuniones de los sábados o domingos se tornaron en espacios de notificación de cada  vez más medidas “disciplinarias” y de vigilancia del personal, a cargo de un funcionario cuya principal función consistía en asegurarse de que los empleados permanecieran en sus lugares en todo momento, que no salieran a la tienda, que entraran y salieran a tiempo (aun habiendo un checador digital),  que respondieran las guardias de fin de semana (hacía constantes llamadas de chequeo), que tuvieran siempre a la vista gafete y uniforme (hacía rondines por las oficinas con una lista que iba palomeando). Para estas reuniones convocaba de un día para otro, con horas de anticipación, a través de un informal “chat institucional” de whatsapp; el mismo chat en el que llamó “fodongas greñudas” a las mujeres policías que denunciaron acoso sexual al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y huevones a los policías que denunciaron violencia institucional de sus superiores (por supuesto esto nunca salió en las noticias porque, aunque de interés público, ocurrió en la reserva de la conversación “privada”). Fue entonces cuando empecé a conocer de primera mano a un servidor público desdeñoso de la ley del trabajo y, aunque docto en la ciencia del derecho, absolutamente ignorante del enfoque de derechos humanos.

La gota que derramó el vaso no fueron, sin embargo, las reuniones en las que se tomaba lista, ni las medidas de supervisión de escuela secundaria, ni las prácticas de invasión de la privacidad y vigilancia a las que fuimos sometidos, ni las decisiones arbitrarias, tampoco la evidente priorización de la promoción de su ego público sobre la resolución de casos; ni siquiera el despido por embarazo del que fui testigo. Fue el día en que nos reunió para decirnos que no debíamos escuchar a los quejosos más de dos minutos, pues este tiempo debería bastar para enviarlos con otras autoridades o iniciar una queja. No teníamos que escuchar a  esas personas (la mayoría de las cuales si acudían con nosotros muy probablemente había pasado por negligencias y malos tratos en otras instituciones y lo primero que necesitaban era calidez humana y contención), porque no éramos sus psicólogos, porque teníamos que hacer solamente tres preguntas y lo demás no nos interesaba, porque la solución al problema de extrema sobrecarga de trabajo de los visitadores no era ni designar más personal auxiliar, ni modernizar los sistemas de registro, ni reparar los equipos electrónicos de trabajo que se bloqueaban a cada rato, ni aumentar los salarios conforme aumentaban las horas de trabajo, ni todas las anteriores; la solución era no perder tiempo en escuchar a los quejosos, filtrar los casos, buscar la “eficiencia”. En ese momento la pegunta fue inevitable, si la institución estaba resquebrajándose por dentro y los problemas de la ciudadanía pasaban a segundo plano ¿a quién o a qué se nos pedía defender entonces en la Defensoría de Derechos Humanos?

La incongruencia con la que se conducía la cabeza de la Defensoría era unas veces más evidente que otras pero tarde o temprano se volvía claramente perceptible. El presidente decía buscar como horizonte la “autonomía” (y en aras de ésta ponderó como “costos” aceptables los derechos de pensión y jubilación de muchos trabajadores) pero no tenía empacho en resolver a discreción favoreciendo aquellos asuntos en los que alguna de sus amistades pudiera salir perjudicada. Hablaba sobre defender mientras tenía al área de defensa absolutamente descuidada y mucho más precaria en cuanto a personal y recursos frente a otras áreas como el órgano interno de control (área para vigilar a los empleados) o presidencia (el área de sus secretarios particulares).  Prometía, “cuando la Defensoría fuera autónoma”, una estructura basada en el mérito a través del servicio profesional de carrera, pero hasta mi último día ahí los salarios estaban asignados en función de negociaciones directas con él, con independencia del nivel académico o de la experiencia, incurriendo incluso en salarios desiguales para trabajos iguales, prohibido por las leyes laborales. Todo en su discurso, que era rápido, que era elocuente, que era hábil y que era intencionalmente técnico (y por lo tanto inaccesible a buena parte de la ciudadanía) apuntaba a principios inexistentes en el día a día de su gestión. ¿Cómo hablar de hacer un México sin abusos e impunidad si las prácticas al interior de la institución gritaban lo contrario?

Me cuesta trabajo pensar que hubiera alguien en toda la Defensoría que en algún punto no se diera cuenta. Tendría que haber sido o muy indiferente o muy ignorante. Afuera era distinto, sin una ciudadanía vigilante era prácticamente imposible darse cuenta, pero adentro bastaba un mínimo de sensibilidad y de análisis. Por supuesto, entre los abogados del área de defensa era perfectamente claro, y la verdad es que a nadie le gustaba pero tampoco solía externarse. Los intentos de resistencia fueron pocos y fueron frustrados por amenazas disfrazadas de recordatorios, de invitación y de consejo. Recurrentemente se nos recordaba (desde una posición de poder y con antecedentes de hostigamiento a otros ex trabajadores) que “cualquiera estaba en su derecho de acusarlo si creíamos que había motivo”, que podíamos ser sujetos a procedimientos administrativos por insubordinación, que la puerta era suficientemente amplia para quien no estuviera de acuerdo con las decisiones de sus superiores y que en cualquier momento podíamos perder su confianza. Algunas valientes prefirieron renunciar y perder su empleo antes de seguir en un entorno con cuyas incongruencias no se sentían identificadas.

El resto tenía una consigna entre resignada y resiliente de hacer lo más por ayudar a las personas “en la medida de lo posible”, en donde no estorbara, en donde no hiciera ruido… A veces teníamos la suerte de que al titular le convenía pronunciarse respecto de algún tema y se podía hasta emitir una recomendación. Huelga decir que no era negligente en todos los casos, solo en los que le resultaban inconvenientes. Eventualmente, cada quien encontraba formas personales de lidiar con las crecientes tensiones del ambiente laboral. Mi opción fue no consultar lo que no se consulta por ser derecho sino simplemente dar aviso, no validar y aplaudir las decisiones con las que no estaba de acuerdo, cuestionar algunas instrucciones; la rebeldía dentro de los márgenes institucionales (difíciles de delinear porque no había reglamento interior sólo órdenes discrecionales).  Para ser justos, también recibí tres capacitaciones durante mi estancia y asistí a algunos eventos que sí aportaban a sensibilizar a la población como la proyección del documental La Hora de la Siesta. Por supuesto que no todo lo que sucedía dentro de la Defensoría era negativo, hubimos muchas personas preparadas, creativas, trabajadoras y con iniciativa que ahí le dedicamos una parte de nuestra vida al servicio público. Esa insistencia en equiparar la crítica al titular con la crítica a toda la institución obliga a preguntarse, ¿quién vende este discurso y por qué?

A medida en que veía cada vez más arbitrariedades e incoherencias acontecer y repetirse sistemáticamente, empecé a preguntarme cómo era que tal contexto institucional lograba sostenerse. ¿Cómo podía un discurso a todas luces desfasado con la realidad resultar medianamente convincente? o cuanto menos aceptable, digerible, operable.

La maquilación del discurso era una de las claves. La manifestación de disidencia era  vista como cobarde, era indigna de confianza, era ingrata, traicionaba a la institución, mordía la mano que le alimentaba. Esa era la narrativa que imperaba en la Defensoría. Lo que pasaba por alto es que solamente es posible hablar de ingratitud y deslealtad cuando se hace creer que la gratitud equivale a una factura que se paga; cuando se confunden los valores y convicciones personales con la voluntad de un individuo que sin ser la institución se personifica en ella al punto de convencerse de que si le atacan lo hacen a la institución o a los derechos humanos mismos. Cuando por afinidad personal con los colegas de trabajo se pierde la sana crítica. La falsa noción de gratitud cabe cuando se encomienda a un grupo de jóvenes estudiantes o recién egresados labores de responsabilidad y exigencia que no corresponde ni a su experiencia ni a su salario con el recordatorio constante de “la gran oportunidad que se les está dando” y la promesa de condiciones mejores, sin mencionar que su contratación también tiene que ver con la búsqueda de mano de obra barata y con la preferencia de delegar en sus nombres la responsabilidad y los riesgos de una firma. Sin que su sueldo corresponda a dichas cargas. Cuando a los luchadores sociales se les enfatiza –hasta que se la creen- que en ningún otro lado les abrirían las puertas para proponer y crear programas innovadores. Cuando se nos alimenta el ego, de alguna forma el criterio ético parece desintegrarse.

Pero hay una diferencia entre gratitud y servilismo. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de trabajo que tuve en la Defensoría, pero también tengo claro que entré por mérito propio, con la preparación y el perfil adecuados, que fui grato y recíproco sirviendo a la ciudadanía y colaborando con la institución y que al contratarme nadie me hizo ningún favor. Siempre estaré agradecido pero no por eso dejaré de ser crítico de los testimonios de violencia institucional que he podido conocer de primera mano, de la utilización de víctimas para hacer videos auto promocionales ni de la manipulación de la noción de lo legal para justificar vejaciones, como si “la más estricta legalidad” equivaliera a “la más estricta justicia” (basta con recordar que la esclavitud alguna vez fue legal) Pocas veces compartí las publicaciones virtuales de la Defensoría, no por falta de (falso) compañerismo ni de (falsa) lealtad sino por no estar de acuerdo con la forma de difundir, siempre apuntando más a la promoción del titular de la institución que al empoderamiento de los titulares de derechos.

Hoy sé, y nadie tiene que contarme, que desde la Defensoría se han perseguido administrativa y penalmente a trabajadores cuya única falta fue no estar de acuerdo con las políticas laborales, que el órgano interno de control se prestó para perseguirles por medio de procedimientos administrativos, que algunos fueron seguidos a sus casas y fotografiados, otros fueron allanados y dañados en sus bienes. Que hubieron vastos despidos injustificados y más de uno por embarazo. Que se acusó a una ex trabajadora de robo sin la menor evidencia y se le siguió difamando aún después de que el juez penal dictara en su resolución que no había ningún elemento de delito y que se había hecho uso inadecuado de la instancia penal. Que muchos de los que siguen laborando ahí fueron coaccionados para mostrar apoyo al titular en redes sociales durante el proceso para decidir sobre su ratificación. Hoy, que para los de nuevo ingreso y para el pueblo queretano, soy uno de los más fuertes rumores, he conocido los rostros y las pruebas de todos aquellos, mayoritariamente aquellas, “traicioneras” “difamadoras” que fueron dañadas en sus patrimonios y en sus personas por el ex defensor del pueblo. Esas  “malagradecidas” a las que, tengo que confesar, mientras estuve dentro no les di la oportunidad de ser legítimas, porque el entorno inmediato decía que no lo eran.

Al final pasaron tantas cosas que ya no se sabe (o no se quiere saber) en dónde quedaron las riendas. Pero la realidad es que nadie puso un límite cuando estuvimos ahí en el día a día. En su momento, todos tuvimos algo que perder o algo que ganar: un puesto, un salario, una estabilidad económica, un estatus, un trato preferencial, un apoyo institucional, una experiencia profesional, un sentido de pertenencia, un trabajo que amábamos. Cada uno de nosotros tomó la decisión de pedirle, casi rogarle y no exigirle “audiencia” al presidente durante semanas para que nos recibiera, alimentando su sensación de poder y sabiendo que no nos recibiría, de seguir trabajando bajo esquemas que nos vulneraban en la integridad y en la salud, de estructurar argumentos y documentos legales que perjudicarían a personas inocentes e indefensas, de rendir pleitesía y mostrar deferencia alimentando la jerarquía, de aceptar beneficios personales alimentando la discrecionalidad, de hacer materiales visuales para manipular audiencias, de acatar instrucciones incómodas, de querer denunciar pero guardar silencio por conveniencia o por miedo. Cada quien accionó el verbo que nos convirtió en artífices de lo que sucedió en la Defensoría de Derechos Humanos. Porque la cruda verdad, la que nos cuesta tanto, es que ningún despido injustificado habría sucedido sin el actuar del personal de administrativo, ningún hostigamiento sin el personal de seguridad y del órgano interno de control, ninguna persecución legal sin el equipo jurídico, ninguna difamación sin el equipo de comunicación institucional, ninguna violencia sin la anuencia de un montón de personas con nombre y apellido. Detrás de cada daño ocasionado alguien no quiso perder su trabajo desacatando una instrucción, pero también alguien tuvo una elección. Detrás de cada daño ocasionado quedan también un montón de responsabilidades.

Reconozco abierta, explícita, sincera y contundentemente que en la Defensoría conocí muchas personas comprometidas con nuestro quehacer, apasionadas de los proyectos que se les encomendaban, capaces de pasar ahí más horas de las remuneradas, y de llevarnos con nosotros los casos a casa para tratar de hacer más, siempre más; sin que eso nos exima de la responsabilidad de haber permitido que se violaran derechos en nuestras narices. También sé que hubo compañeros que se negaron a denunciar o a buscar irregularidades  para afectar ex colegas aunque se les instruía hacerlo. Pero también hubo quienes –conocedores de más de una injusticia- hicieron uso de su creatividad, de su tiempo y hasta de sus redes personales para difundir la versión de que las denuncias de violencias bien reales eran más bien una campaña de “mentiras” buscando “desprestigiar” al ombudsman. Me sangró el corazón cuando supe que dos de mis ex compañeros, víctimas de una gran tragedia nacional y que antes clamaban justicia codo a codo conmigo, lejos de mostrar interés o empatía por otras víctimas (muchas de las cuales nunca en su vida habían visto o escuchado), intentaban negar su existencia.

En los últimos meses se ha señalado insistentemente al hasta ayer titular de la Defensoría por hechos probados y concretos que sucedieron durante su gestión, el propio Consejo Ciudadano de la Defensoría y la Auditoría Superior del Estado, porque es cierto que como cabeza de la institución es responsable directo o indirecto de las medidas que se tomaron, incluso si, como lo proclamó, hubiesen sido solicitadas por los jefes de área. Sin embargo, no pudo haberlo hecho sin una cadena de manos (cómplices en términos jurídicos) y sin una estructura que validara cada una de ellas.

Hoy la nueva ombudswoman tiene indicadores y pistas muy claras. El conocimiento y la preparación es importante, pero sin sensibilidad, integridad y ética no existen los derechos humanos. No se puede hacer una verdadera defensa de los derechos humanos si la preocupación es mayor por los uniformes y por salir en la fotografía del evento público que por la conformación de un equipo experto, fortalecido y bien articulado en las áreas sustantivas, conciliando entre la necesaria atención ciudadana 24 horas y el respeto del tiempo personal y de los derechos laborales de las personas funcionarias, estableciendo criterios objetivos de evaluación y reglas claras, empezando por la expedición de un reglamento interno. Urge la modernización de los sistemas de trabajo y sobra la sobre burocratización. Falta erradicar cada una de las prácticas de violencia profundamente arraigadas en el modo actual de operar de la Defensoría y en sus operadores; empezando por la  privatización del espacio público (los conos que indebidamente reservan espacios de estacionamiento en la calle para sus trabajadores) y las medidas de vigilancia. Porque de otra manera solo cambia el titular pero persisten las dinámicas. Son indispensables la transparencia (con mayúsculas), la reparación del daño a personas afectadas por el antiguo ombudsman y la investigación de las conductas individuales denunciadas.

Vale la pena que también nosotros, gobernantes y sociedad civil, nos preguntemos sobre lo que hicimos y dejamos de hacer en estos cuatro años.  Lo que pasó nos deja importantes lecciones para el futuro, pequeñas verdades que hacen grandes diferencias: Las prácticas de violencia pueden ser tan sutiles que terminan pareciéndonos aceptables. Cuando no se expone ni se denuncia, la violencia se normaliza. De nada vale y de nada sirve indignarse públicamente por la injusticia y la impunidad en el país si no somos capaces de cuestionar y evitar la vulneración de la dignidad y derechos que sucede frente a nosotros, en nuestros espacios, día a día. La gratitud, el compañerismo y la lealtad nunca deben servir como pretexto para obligar a otros a hacer cosas que van en contra de su conciencia. La culpa no es del cerdo sino de quien lo alimenta.

A nivel personal, creo que me tocó atestiguar primero y ser víctima después para poder convertirme en mejor defensor. A nivel local, después de todo, quizá podríamos ganar una ciudadanía mucho más vigilante y participativa.

Hoy es un nuevo día y una nueva oportunidad para Querétaro. BienVenido sea.

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